Discapacidad y trabajo


La mayoría de la gente parece saber lo que es una persona disca­pacitada y está segura de que podría reconocer a un individuo como discapacitado, bien porque la discapacidad es visible, bien porque se sabe que determinado estado de salud se presta a ser denominado discapacidad, Sin embargo, no es tan fácil establecer qué significa exactamente el término discapacidad.

Una opinión común es que tener una discapacidad determina que un indi­viduo sea menos capaz de realizar una serie de actividades, de hecho, el término discapacidad se utiliza en general para indicar una disminución o una desviación respecto de la norma.

Sin embargo, el significado y las repercusiones de la discapa­cidad varían sustancialmente en función, por ejemplo la persona que utiliza una silla de ruedas se encuentra en un estado de completa dependencia en un contexto determinado, mientras que en otro es tan autónoma y operativa como cualquiera.

En consecuencia, el efecto de una supuesta disfunción es rela­tivo al entorno, y la discapacidad es por consiguiente un concepto social y no exclusivamente el atributo de un individuo.

Para comprender mejor este término, hay que empezar por distinguirlo de otros conceptos relacionados que a menudo se confunden con el de discapacidad. El malentendido más frecuente consiste en equiparar discapacidad con enfermedad. Es frecuente describir a las personas discapacitadas por oposi­ción a las personas sanas y, en consecuencia, como necesitadas de la ayuda de la profesión sanitaria. Sin embargo, las personas discapacitadas, como todas las demás, sólo necesitan ayuda médica en situaciones de enfermedad o patología grave.

Aun en los casos en que la discapacidad es el resultado de una enfer­medad prolongada o crónica, como la diabetes o una cardio­patía, no es la enfermedad como tal, sino sus consecuencias sociales lo que aquí importa.

Más recientemente, se ha intentado describir la discapacidad como la dificultad para llevar a cabo determinados tipos de funciones. En consecuencia, una persona discapacitada sería alguien cuya capacidad para actuar en una o varias áreas clave.

Para ello, se parte del supuesto de que las necesidades del indi­viduo, como la mejora de las destrezas o la prestación de ayuda técnica, deben abordarse y asumirse mediante la adaptación del lugar de trabajo.

La cuestión es cómo demostrar que la desventaja no es el resultado natural, sino evitable, de la deficiencia, causado por el hecho de que la sociedad no ha previsto adecuadamente la eliminación de barreras físicas.

Una de las principales razones que aconsejan proceder con cautela al emplear las defi­niciones de discapacidad es la práctica extendida de hacer de una persona así reconocida y etiquetada el objeto de medidas administrativas discriminatorias.

En efecto, por un lado, muchos hacen campaña con el eslogan de que discapacidad no significa incapacidad para ganarse la vida por uno mismo. 

La reticencia de muchos empresarios a contratar personas discapacitadas puede tener su fundamento en esta contradicción básica.

La respuesta es que cada caso debe juzgarse por separado y sin prejuicios. Ahora bien, es cierto que discapacidad puede significar ambas cosas: incapacidad para actuar según la norma o capacidad para actuar tan bien como los demás o incluso mejor si se dispone de la oportunidad y del apoyo adecuado.

DISCAPACIDAD Y NORMALIDAD

Clasificar a las personas como discapaci­tadas es olvidar que lo que éstas tienen en común con los no discapacitados suele superar con creces a lo que les diferencia. Por otra parte, el concepto subyacente de que la discapacidad es una desviación respecto de la norma es un juicio de valor cues­tionable. Tales consideraciones han llevado a muchas personas a preferir el término de personas con discapacidades al de personas disca­pacitadas, en la medida en que podría entenderse que este último hace de la discapacidad la característica principal de un individuo.

Discapacidad como identidad

A pesar del peligro de que esta etiqueta implique segregación y discriminación, hay razones válidas para atenerse al uso del término discapacidad y agrupar a ciertas personas en esa categoría. Desde un punto de vista empírico, no se puede negar que muchos individuos con discapacidades comparten experiencias similares, casi siempre negativas, de discriminación, exclusión y depen­dencia económica o social.
Existe una clasificación objetiva de los seres humanos como discapacitados, porque hay pautas específicas de comporta­miento social negativo o censurable que parecen estar basadas en la discapacidad. A la inversa, cuando se adoptan medidas para luchar contra la discriminación por razón de discapacidad, también resulta necesario establecer quién debe tener el derecho a disfrutar de protección conforme a ellas.

No se puede suponer de entrada, que una persona con una deficiencia o una discapacidad deba automáti­camente tener también una minusvalía. Muchas personas disca­pacitadas consiguen, a pesar de las limitaciones causadas por su discapacidad, desempeñar con éxito una profesión. Por otro lado, no todas las minusvalías pueden atribuirse a una discapa­cidad.

El sistema jerárquico de clasificación de:

  • deficiencia,
  • discapa­cidad,
  • minusvalía

puede compararse con las distintas fases de la rehabilitación; por ejemplo, cuando el tratamiento puramente curativo se complementa con una rehabilitación de limitaciones funcionales y psicosociales y se completa con un proceso de readaptación o formación profesional que permita llevar una vida autónoma.

Por esta razón, la evaluación objetiva del grado de una disca­pacidad por lo que respecta a sus consecuencias sociales (minus­valía) no puede basarse únicamente en criterios médicos, sino que debe tener en cuenta los contextos profesional, social y personal, y en especial la actitud de la población no discapaci­tada. Este estado de cosas hace que sea bastante difícil medir y establecer inequívocamente un “estado de discapacidad”.

La discapacidad en el contexto de la rehabilitación profesional

La integración profesional de las personas discapacitadas se fomenta mediante la concesión de ayuda econó­mica, la realización de medidas de acompañamiento en el área de la formación profesional y la adaptación del lugar de trabajo a las necesidades especiales de dichas personas.

La serie de prestaciones previstas abarca desde ayudas económicas relativa­mente bajas y de corta duración hasta medidas de rehabilitación profesional a más largo plazo.

La mayoría de los Estados conceden un valor relativamente elevado a la formación profesional de las personas discapaci­tadas. Esta formación puede impartirse en centros ordinarios o especiales, dirigidos por organismos públicos o entidades privadas, así como en las propias empresas. La preferencia por una opción u otra varía según los países. En ocasiones, la forma­ción profesional se lleva a cabo en un taller protegido, o se ofrece como formación en el puesto de trabajo reservada para un trabajador discapacitado.

Teniendo en cuenta que las implicaciones económicas de estas medidas pueden ser considerables para el contribuyente, el acto de reconocimiento de una discapacidad tiene una amplia reper­cusión. Con frecuencia, sin embargo, el registro es llevado a cabo por un órgano diferente del que administra el programa de rehabilitación profesional y cubre sus costes.

La discapacidad como desventaja permanente

Aunque el objetivo de la rehabilitación profesional es superar los posibles efectos negativos de la discapacidad, existe un amplio acuerdo en que, en ocasiones, se requieren de medidas comple­mentarias de protección social para garantizar la integración profesional y social. También se reconoce generalmente que la discapacidad entraña el riesgo continuo de exclusión social, inde­pendientemente de la existencia efectiva de un trastorno funcional. En reconocimiento de esta amenaza permanente, los legisladores ofrecen una serie de medidas de protección y de apoyo.

En general, se procura que los trabajadores discapacitados reciban los mismos ingresos que los no discapacitados. En ocasiones, cuando aqué­llos perciben un salario inferior de sus empresas se les abona la diferencia, por aplicación de medidas previstas en el régimen de protección social.
La protección de los individuos discapacitados frente al despido y la protección de su derecho a la reincorporación al empleo se abordan de formas diferentes. En muchos Estados no se aplica una normativa legal especial respecto a su despido; en algunos, existe una comisión o institución especial que decide sobre la justificación y la legitimidad de tal despido; en otros, se aplican disposiciones especiales previstas para las víctimas de accidentes de trabajo, para los trabajadores con invalidez grave y para los trabajadores en situación de larga enfermedad. La situación jurídica en lo que respecta a la reincorporación al empleo es similar. En algunos casos, el régimen aplicable es el previsto en distintas recomendaciones y convenios, y en ciertos

Diferencias de trato por razón de discapacidad

Por lo que respecta a esta causa de la discapacidad, las defini­ciones difieren no sólo en su significado, sino también en sus consecuencias en términos de prestaciones y ayuda potenciales. Las distinciones más importantes se establecen entre: discapaci­dades debidas a defectos o deficiencias físicos, mentales o psico­lógicos hereditarios o congénitas; discapacidades causadas por enfermedades; discapacidades causadas por accidentes domés­ticos, de trabajo, de deporte o de tráfico; discapacidades provo­cadas por factores profesionales o medioambientales, y discapacidades resultantes de una contienda civil o un conflicto armado.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad es la supresión de Barreras Arquitectónicas, se define como "Aquella característica del urbanismo, de las edificaciones, del transporte y de los sistemas y medios de comunicación sensorial, que permite su uso a cualquier persona con independencia de su condición física, psíquica o sensorial".

No consiste únicamente en construir una rampa a la entrada de los edificios para permitir el acceso de las personas que utilizan sillas de ruedas; supone igualmente poner a disposición de los discapacitados medios de transporte accesibles para trasladarse al trabajo o a la escuela; rebajar la altura del bordillo de las aceras; colocar avisos en el sistema braille en ascensores y edificios; facilitar el acceso a los cuartos de baño de las personas que van en silla de ruedas; retirar las alfombras y moquetas que dificultan el desplazamiento de las sillas de ruedas; y, entre otras medidas, facilitar a las personas con deficiencias visuales ayudas técnicas tales como manuales impresos en grandes caracteres y cintas de audio, y colocar señales ópticas a disposición de las personas con deficiencias auditivas.

Acomodación razonable del lugar de trabajo

El trato equitativo supone igualmente la acomodación razonable de las condiciones de los lugares de trabajo a las necesidades personales de los discapacitados.

Ciertamente, la relación de las posibles medidas de acomoda­ción es infinita, dado que cada discapacitado tiene sus necesi­dades específicas. Además, es posible que las necesidades de acomodación de dos personas afectadas de las mismas o simi­lares discapacidades sean muy diversas. Lo importante es recordar que la acomodación es una función de las necesidades de la persona que la necesita y que es preciso consultarla.

Con todo, es preciso reconocer que, en algunos casos, a pesar de las buenas intenciones, no resulta razonablemente posible acomodar a los discapacitados. Se puede afirmar que la acomo­dación no resulta razonable o que presenta dificultades excesivas en los casos siguientes:

Un discapacitado que utilice una prótesis ortopédica se calce unas botas de seguridad en el marco de un programa de forma­ción. Si no existe otro tipo de calzado de seguridad, se debe eximir a esa persona de la obligación de usar las botas, siempre que se muestre dispuesta a asumir el riesgo, sobre la base de una decisión informada. Es lo que se conoce como doctrina de la dignidad del riesgo.

La determinación de si la acomodación plantea graves riesgos a personas distintas del discapacitado debe tomarse sobre la base de los niveles de riesgo socialmente aceptados.

La evaluación del nivel de riesgo se debe realizar en función de criterios objetivos, tales como los datos disponibles, el dictamen de los expertos e información pormenorizada sobre la actividad laboral o de formación que se pretenda llevar a cabo. No son admisibles las impresiones ni las apreciaciones subjetivas.

Definición de las barreras arquitectónicas

"Se entiende por Barrera arquitectónica cualquier impedimento, traba u obstáculo que limite o impida el acceso, la libertad de movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las personas".

Estas barreras impiden la accesibilidad al medio físico y como consecuencia inmediata de ello, limitan el acceso a las personas con algún tipo de discapacidad al mundo de la educación, la cultura, el trabajo y la vida social, siendo causa por ello, de que se produzcan y fomenten las verdaderas situaciones de "minusvalía social".

Personas a las que afecta las barreras arquitectónicas

Las barreras arquitectónicas constituyen un problema que no sólo afecta a las personas que tienen algún tipo de discapacidad sino también a otros colectivos que, no siendo considerados como discapacitados, se ven afectados de manera muy directa por las barreras, en muchos casos por circunstancias de carácter temporal y no definitivo, como es el caso de los ancianos, las mujeres embarazadas, los adultos con bebés o transportando bultos voluminosos, los propios niños, las personas de tamaño inusual (obesos, afectados de enanismo o gigantismo) y los accidentados (escayolados) o convalecientes de enfermedades graves.

La ley recoge que "La Sociedad, en general, y los Poderes Públicos, en particular, tienen el deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos; deber que se extiende, por tanto, de la misma forma, a aquellos ciudadanos con o sin minusvalías que se encuentren en situación de limitación en relación con el medio poniéndose especial énfasis respecto de aquellos cuya dificultad de movilidad y comunicación sea más grave". La definición seria: 

a) Se entiende por accesibilidad aquella característica del urbanismo, de las edificaciones, del transporte y de los sistemas y medios de comunicación sensorial, que permite su uso a cualquier persona con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 

b) Se entiende por barrera cualquier impedimento, traba u obstáculo que limite o impida el acceso, la libertad de movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las personas.

Barreras arquitectónicas urbanísticas

Se encuentran situadas en vías urbanas y espacios libres de uso común.
Entre las barreras urbanísticas más frecuentes cabe destacar:

  • Calles estrechas.
  • Aceras inexistentes o estrechas.
  • Convivencia forzosa de coches y peatones en la calzada.
  • Calles con excesiva pendiente longitudinal.
  • Calles con excesiva pendiente transversal.
  • Calles con desnivel o escarpe lateral de la vía.
  • Calles con escaleras, rampas escalonadas o escalones aislados.
  • Pavimentación irregular, deslizante o en mal estado.
  • Bordillos altos.
  • Inexistencia de pasos de peatones, pasos sin señalizar, mal señalizado, elevado o subterráneos con escaleras.
  • Inexistencia o defectuosa ejecución de vados o rebajes en las aceras de los pasos peatonales.
  • Señalizaciones verticales en medio de la acera, estrechando el paso.
  • Farolas o semáforos inexistentes o mal situados.
  • Vegetación natural defectuosamente ubicada o mantenida (árboles con alcorque profundo y sin protección, ramas excesivamente bajas, jardineras o maceteros mal colocados, áreas ajardinadas a menor nivel que la acera, sin protección, etc.)
  • Toldos de locales comerciales desplegados a altura excesivamente baja.
  • Papeleras, buzones, bancos, fuentes y otros elementos del mobiliario urbano mal ubicados (en medio de la acera o en estrechamientos, etc.) o con diseño inadecuado, no ergonómico.
  • Quioscos, terrazas de bares o similares, ocupando parte de la acera, sin respetar las zonas de paso o estrechándolas excesivamente.
  • Inexistencia de aseos públicos o no accesibles para personas con movilidad reducida.
  • Adornos o exhibidores de publicidad de comercios en la acera, obstaculizando el paso.
  • Obras sin señalizar o mal señalizadas, materiales de obra y/o escombros sin vallar o señalizar.
  • Bolsas o contenedores de basura sueltos por la acera, basura suelta en el pavimento que provoca riesgo de tropezar o resbalar.
  • Coches y motos aparcados o estacionados en las aceras, esquinas o pasos de peatones.

Barreras arquitectónicas en la edificación

Se encuentran situadas en el acceso o interior de edificios públicos y privados.

  • Accesos a desnivel, salvado con escaleras (dificultad grave a partir de dos escalones) o con un sólo escalón, batiente de mucha altura o con rampa de pendiente excesiva.
  • Puertas de acceso de paso útil inferior a 70 cm., o de tipo giratorio.
  • Pasillos estrechos.
  • Espacio insuficiente para maniobrar en línea recta, giro y rotación.
  • Desniveles interiores salvados con escaleras sin pasamanos adecuados, rampas inadecuadas, inexistencia de ascensor o de dimensiones insuficientes en cabina o puertas.
  • Excesiva altura en ventanillas, mostradores, etc. que produzca problemas de alcance visual y manual para personas con movilidad reducida en silla de ruedas.
  • Interruptores, pulsadores y picaportes de diseño no ergonómico o situados a excesiva altura.
  • Pavimento irregular, deslizante o alfombras sueltas.
  • Aseos no adaptados o inaccesibles para personas con movilidad reducida en silla de ruedas (ancho de puerta, dimensiones de cabina, barras de apoyo y transferencia, etc.)

Limitaciones

Las limitaciones más frecuentes son las provenientes de:
1. Dificultades de maniobra: Aquéllas que limitan la capacidad de acceder a los espacios y de moverse en ellos.
2. Dificultades para salvar desniveles: Las que se presentan cuando se ha de cambiar de nivel o superar un obstáculo aislado dentro de un itinerario.
3. Dificultades de alcance: Aquéllas derivadas de una limitación de llegar a los objetos.
4. Dificultades de control: Son las que se presentan como consecuencia de la pérdida de capacidad para realizar movimientos precisos con los miembros afectados por deficiencias.
5. Dificultades de percepción: Son las que se presentan como consecuencia de deficiencias visuales y auditivas.
d) Se entiende por personas con movilidad reducida aquellas que, temporal o permanentemente, tienen limitada su capacidad para desplazarse.
e) Se entiende por ayuda técnica cualquier elemento que, actuando como intermediario entre la persona en situación de limitación o con movilidad reducida y el entorno, facilite la autonomía personal o haga posible el acceso y uso del mismo".

POLÍTICA SOCIAL

 

Discapacidad y política social

Como se ha indicado anteriormente, se debe reconocer a los discapacitados el derecho de elección en todos los aspectos de la vida, incluidos la formación profesional y el empleo. Esto supone consultarles, a nivel individual, sobre sus deseos.

Análogamente, cuando los interlocutores sociales (sindicatos, organizaciones empresariales y administración pública) toman decisiones, se debe escuchar a las organizaciones representativas de los intereses de los discapacitados.

Dicho de otro modo, al estudiar la adopción de políticas de empleo y de formación profesional, los discapacitados, conside­rados individual y colectivamente, conocen mejor que nadie sus necesidades y el modo de satisfacerlas.

Además, es preciso tener en cuenta que, aunque los términos discapacidad y discapacitados se suelen utilizar de forma genérica, las necesidades de acomodación y de formación profesional de quienes presentan deficiencias físicas o motrices son distintas de las que tienen quienes presentan deficiencias intelectuales o sensoriales. Por ejemplo, si bien la construcción de rampas en las aceras puede ser de gran utilidad para quienes se desplazan en sillas de ruedas, puede suponer un riesgo formidable para los ciegos, quizá incapaces de discernir que su integridad corre peligro al abandonar la acera. 

Programas de prevención de accidentes y de ergonomía en el trabajo

Numerosas empresas han logrado reducir sensiblemente la frecuencia de los accidentes mediante la creación de comités permanentes de seguridad y ergonomía. Estos comités se suelen responsabilizar tanto del control de la seguridad y la supervisión de factores de riesgo del tipo de la exposición a vapores y productos químicos peligrosos como de la implantación de controles diseñados para reducir la frecuencia y magnitud de los accidentes. Con mayor frecuencia, abordan problemas como las lesiones producidas por los movimientos repetitivos y los tras­tornos causados por los traumatismos acumulativos, como el síndrome del túnel carpiano. La ergonomía consiste en la aplica­ción de la tecnología para ayudar al factor humano en el trabajo manual. Su objetivo global es la adaptación de las tareas a los seres humanos para mejorar su eficacia en el lugar de trabajo. Esto quiere decir que la ergonomía se orienta a los siguientes aspectos: 

  • Prevención o reducción de la frecuencia de lesiones, luxaciones y dislocaciones;
  • Reducción de la fatiga y de los esfuerzos excesivos;
  • Reducción del absentismo y de la rotación del personal;
  • Mejora de la calidad y cantidad de la producción;
  • Reducción de la pérdida de horas de trabajo y de los costes pro­ducidos por accidentes y lesiones;
  • Aumento de la seguridad, la eficiencia, la comodidad y la productividad.

 

ayuda-movilidad

Ayudas a la Movilidad

Tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad

La Tarjeta de Estacionamiento es una acreditación para personas con certificado de minusvalía que, además, presenten movilidad reducida o conductas agresivas o molestas de difícil control que dificulten la utilización de medios de transporte normalizados.

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Centro Especial de Empleo

Los Centros Especiales de Empleo (CEE), son instituciones de integración laboral y se consideran elemen­tos básicos integradores de las personas con discapacidad en el denominado mundo ordinario del tra­bajo, su objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado.

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